Ayuda por nuevo hijo

El Norte de Castilla, 14/07/07

La aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley que regulará la prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción situó ayer la iniciativa en el ámbito que le corresponde, el de su tramitación parlamentaria, rescatándola de un improvisado anuncio por parte del presidente de Gobierno en el último debate sobre el estado de la nación. Su paso por las Cortes ofrecerá la oportunidad de que la institucionalización de dicha medida, perfeccionada en su articulado, cuente con el consenso necesario para que no se preste ni a equívocos en cuanto a sus objetivos ni suscite un absurdo subasteo autonómico. Es cierto que la ayuda anunciada por Rodríguez Zapatero, que se presenta como prestación acumulativa respecto a otras similares que se perciban, llega cuando ocho comunidades autonomas tienen establecidas medidas análogas con cuantías y condiciones diversas -en Castilla y León las ayudas directas actuales están entre los 300 y los 600 euros-. Pero resultaría un sinsentido que en cualquiera de ellas la prima por un nuevo hijo se desbocara y llegase a cifras más propias de un natalismo populista, inadmisibles en una sociedad abierta que cuenta con un consolidado sistema de bienestar. En este sentido, sería conveniente que la promesa formulada por el Partido Popular de ofrecer 3.000 euros en las comunidades en que gobierne, que a tenor de lo conocido sobre el proyecto de ley se sumarían a los 2.500, se subsumiera en el trámite parlamentario en una norma que sitúe la prestación por nacimiento y adopción dentro de unos límites razonables. Es lógico y hasta conveniente que cada autonomía introduzca matices y aporte soluciones propias en esta y en otras áreas similares. Pero en nada ayuda a la consolidación y desarrollo de las políticas públicas orientadas a la familia propiciar una competencia interterritorial, y mucho menos si esta es animada por visiones cortoplacistas o por intereses electorales. Dos son las razones fundamentales que recomendarían un esfuerzo de sensatez que unifique y homogeneice los criterios de las distintas administraciones en materia de familia. Por una parte, el hecho de que toda medida universal que no tenga en cuenta las demás condiciones materiales que concurren en el mantenimiento de un nuevo hijo no se ciñe a criterios estrictos de equidad. Por otra parte, demostrado que las ayudas puntuales no inciden por sí mismas en una mayor disposición social a la natalidad, una cifra que pudiera acabar situándose en torno a los 6.000 euros puede convertirse en un estímulo poco adecuado cuando las soluciones de fondo se encuentran en la conciliación de la vida familiar con la laboral y en la generalización del acceso a la educación entre 0 y 3 años. Por último, sería aconsejable que el trámite parlamentario del proyecto de ley sirviera para valorar la conveniencia de fijar su aplicación retrospectiva a 1 de enero del 2007, evitando el sesgo de oportunismo partidario que pudiera quedarle al 3 de julio.Retraimiento tecnológicoEspaña no va bien en la carrera digital. Prueba de ello son, entre otros, los datos ofrecidos por el último informe de la Fundación Orange, que ponen de manifiesto nuestro estancamiento en muchos de los parámetros que definen la penetración y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Nuestro país ocupa un discreto vigésimo puesto entre los 28 europeos analizados en relación con el avance de la sociedad de la información. Y no solo está por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de hogares con ordenador, con Internet o con conexión de Alta Velocidad, sino que además el total de contenidos en español de la Red sigue reflejando una manifiesta desproporción en relación con la importancia de una lengua hablada por cuatrocientos millones de personas. Eso sí, España es uno de los países con mayor desarrollo en móviles, tal y como lo demuestra el dato de que contamos con más de una línea por ciudadano, lo cual constituye una fundada esperanza en la materia, habida cuenta de la cada vez mayor derivación de las nuevas tecnologías hacia esa telefonía. Las causas de la desaceleración española en la carrera digital son, en gran medida, la timidez y la dispersión de los planes gubernamentales desarrollados en las últimas legislaturas por gobiernos de distinto signo. Un fracaso que se visualiza tanto en la deficiente planificación de las inversiones en infraestructuras tecnológicas, como en las concreciones presupuestarias o en el desarrollo de programas para la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información. Una incorporación que es clave, por otra parte, ya que buena parte de nuestro futuro se vincula a unas tecnologías convertidas en la espina dorsal de la productividad económica y el bienestar del siglo XXI.